El pasado martes, 13 de junio de 2023, entró en vigor la herramienta prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como Ley Wisthleblowing, la cual obliga a las empresas a implantar un canal de denuncias dentro de su organización.
La citada directiva obliga a las empresas y entidades públicas a contar con sistemas internos de información que permitan conocer las prácticas irregulares que se producen en el seno de la propia organización, con el fin de corregirlas o reparar lo antes posible los daños que se puedan producir.
Por ello, a partir del pasado martes, todas las empresas, públicas y privadas, que tienen más de 250 trabajadores tienen el deber de implantar un sistema interno de información dentro de sus organizaciones y, a través del cual se puedan comunicar las infracciones normativas. No obstante, las empresas que tienen una plantilla entre 50 y 249 trabajadores no tienen que implantar este canal de denuncias de manera inmediata, sino que la ley les da de plazo hasta el 01 de diciembre de 2023 para su implementación.
Las empresas que incumplan esta obligación se podrán enfrentar a sanciones cuantiosas, entre 100.000 euros y 1.000.000 de euros.
En cuanto a la protección de datos, la ley establece la confidencialidad como una de las medidas que garantice la protección de los informantes, por lo que las empresas obligadas a contar con este canal de denuncias deberán especificar este tratamiento de datos en su Política de Privacidad de la web donde se encuentre el canal de denuncia y en el Registro de Actividades de Tratamiento.
Fuente: Economisjurist.